La transformación de los mercados y el aumento de la demanda de información por parte de las autoridades económicas en el continente europeo y en Estados Unidos han propiciado la generación de normativas como EMIR o Dod Frank. Se trata de legislaciones que están dirigidas, fundamentalmente,a dotar de un marco regulador que aporte seguridad y transparencia en la operativa de derivados bursátiles y cuyo principal objetivo es devolver a los inversores la confianza en la integridad del sistema financiero.
Estas regulaciones suponen un desafío para las direcciones de las organizaciones,no solo a efectos de generación de la información sino en cuanto a su propio control y seguimiento.
Un desafío que, en buena medida, está condicionado por la duplicidad final de dichas normativas. Por un lado, verifican el cuadre de las operaciones financieras (ETDs,OTCs…) entre las empresas que alcanzan acuerdos comerciales en el mercado, con el fin de que todas reporten los mismos datos. Y, por otro, definen los umbrales para determinar la clasificación de las compañías, así como la necesidad de control de las coberturas, reporting y, en definitiva, de la transparencia de los procedimientos.
Junto a ello, la adopción de estas legislaciones conlleva la introducción de nuevas terminologías. Cada vez es más habitual hablar de conceptos como el LEI (identificador de identidad jurídica, por sus siglas en inglés), las nomenclaturas UTI/USI que designan la operación, etc… Es decir, conceptos específicos de la normativa que van calando en las organizaciones y que comienzan a ser habituales en los departamentos financieros. La comunicación a las entidades reguladoras se sustenta, además, en formatos electrónicos y con múltiples sistemas de integración automática (stfps,web services…).
En definitiva, existen unos condicionantes que ponen de manifiesto la importancia de que compañías y profesionales estén capacitados para afrontar estos nuevos modelos.
Pero la experiencia nos dice que la preparación de las empresas y sus áreas de finanzas todavía cuenta con muchas lagunas en esta materia. Con el objetivo de suplir esta carencia, algunas entidades financieras ofrecen servicios de reporting por cuenta de y actúan como intermediarios en la operativa. Sin embargo, la delegación en la emisión de esta información hacia los Trade Repository (TR), los organismos receptores y concentradores de datos, no exime de responsabilidad a la propia empresa sobre sus operaciones y su gestión.
Por este motivo, es más adecuado que la gestión y control del reporting se realice dentro de las propias compañías, permitiendo que sean capaces de generar y manejar de forma autónoma las comunicaciones que deban suministrarse a las autoridades.
Existen diversas plataformas tecnológicas, como las basadas en sistemas SAP, que cubren toda esta funcionalidad normativa y permiten no sólo informar de los riesgos a los que se está expuesto, sino que también se integran en un TR capaz de gestionar y cumplir con los estrictos requisitos relativos al tratamiento de dicho riesgo.
Con independencia de las exigencias de los distintos reglamentos, es innegable que el control y la disponibilidad de la información mejoran la posición de cualquier organización no solo frente a las autoridades, sino también de cara al accionista que, al fin y al cabo, es quien apuesta y confía con su inversión en un negocio.
¿Las empresas españolas han acometido los cambios necesarios para dar respuesta a las exigencias que plantean estos reglamentos? En los últimos tiempos, y tras la sucesión de escándalos que han sacudido los mercados, se observa una mayor concienciación en este sentido y una apuesta por la innovación en los procedimientos.
No obstante, es preciso que la transformación del modelo sea de carácter radical y esté sustentada no sólo en una capacitación adecuada de los profesionales, sino también en un soporte tecnológico capaz de garantizar la eficacia y el control de todo el proceso en la contratación de los productos financieros.
Artículo publicado en El Economista – 20 Febrero 2015