Hoy es una fecha clave para las empresas proveedoras de la Administración General del Estado (AGE) y para el tejido empresarial español en general. A partir de este momento, todas las facturas asociadas a bienes o servicios prestados a este tipo de organismos, y cuyo importe supere los 5.000 euros, deberán ser enviados de forma obligatoria en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas de la AGE (FACe).
La obligación de emitir facturación electrónica además de afectar a los contratos suscritos con la AGE, también es aplicable a determinadas empresas que realizan transacciones con el público en general (suministro eléctrico, de agua o gas; los servicios de agencias de viajes o el transporte de viajeros, etc.).
En cualquiera de los casos, la emisión de facturas por vía electrónica supone un profundo cambio tanto desde la perspectiva tecnológica como en el desarrollo y adaptación de sus procesos. A partir de la experiencia que nos avala en Stratesys, entidad certificada por la Agencia Tributaria como desarrollador de soluciones de facturación electrónica, creemos importante destacar cinco aspectos claves que las compañías no pueden olvidar:
1. Este cambio puede suponer una oportunidad para optimizar los actuales procesos de facturación.
2. Existe un gran abanico de soluciones tecnológicas en el mercado, por lo que es fundamental encontrar aquella que no solo cumple con la nueva normativa, sino que se ajusta mejor a la estrategia de cada compañía.
3. Es fundamental tener en cuenta el aspecto internacional antes de ejecutar ningún cambio, ya que las normativas asociadas a la factura electrónica en España son diferentes a las de otros países.
4. Las facturas electrónicas están sujetas a las mismas normas de uso y conservación que las facturas en papel.
5. El único formato aceptado por AGE es, por el momento, facturae 3.2, pero hay más formatos de factura electrónica válida que pueden ser solicitados por otros clientes.
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